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Edición 1365
Publicado el: Miércoles, Mayo 30, 2018 - 09:56
NARCOTRÁFICO

La Justicia tiene un registro con 100 domicilios donde venden droga

Se trata de un relevamiento que elevó la policía a las fiscalías de Manso y Ramos. Cada una recibió un informe que contiene 50 sitios de la ciudad en los que tareas de inteligencia policial detectaron comercialización de estupefacientes. La burocracia del sistema judicial atenta contra las investigaciones.

Dos informes que están en manos de los fiscales Marcelo Manso y Viviana Ramos, producidos por la Comisaría local, contienen 100 domicilios de San Pedro en los que se comercializan drogas, a partir de tareas de inteligencia no relacionadas directamente con ese tipo de investigaciones sino producto de la tarea cotidiana de seguridad de los hombres que conducen los comisarios Fabián Gallo y Juan Catalano.

En los últimos años las causas por venta de drogas crecieron exponencialmente en la ciudad. Desde la detención de jóvenes que hacen delivery al desbaratamiento de una banda que operaba en toda la zona y que tenía como líder a un delincuente de fama nacional, el “Bomba” Gallardo, las investigaciones dieron resultados, aunque no logran detener el fenómeno.

La zona del barrio Hermano Indio fue el último blanco importante para la Justicia. En un año hubo varios megaoperativos –incluido uno en el que vinieron hasta con un helicóptero– en inmediaciones de ese antiguo asentamiento, donde desde hace más de una década hay facciones que se disputan territorio, con el control de los “kiosquitos” de droga como botín que alimenta los enfrentamientos.

Pero la droga corre por toda la ciudad, en todos los estratos sociales, sin distinción de edad ni posición económica. Marihuana, cocaína, pastillas, drogas sintéticas y de diseño, casi todo puede conseguirse.

Algunos tienen la posibilidad de comprar “de la buena”; otros deben conformarse con lo que la Policía Federal calificó de “una estafa” durante su último procedimiento, tras detectar que “cortaban” la cocaína con aspirinas y hasta con yeso. “En San Pedro aspiran durlock”, fue el chiste durante el operativo.

Las causas se distribuyen entre las fiscalías 5 y 11, que conducen Marcelo Manso y Viviana Ramos, respectivamente. En la N° 1 de San Nicolás, tematizada en la venta de drogas, tramitan otras como la de la banda del
“Bomba”.

La tarea de investigación comienza en la calle y, por lo general, quienes tienen acceso al submundo de los dealers son los policías. En algunos casos, sucede lo que La Opinión reveló hace dos semanas: hay sospechas de connivencia, protección, complicidad. En otros, los efectivos aportan datos importantes para establecer líneas de investigación.

El “mapa de la venta de drogas en San Pedro” elaborado por la policía a partir de sus intervenciones en la calle registra un 60 por ciento de los bunkers donde se venden estupefacientes en la zona de la ciudad que va de 11 de Septiembre hacia Vuelta de Obligado.

Coincide con el territorio donde se registra mayor vulnerabilidad social, pobreza, menores niveles educativos, poco acceso a la vivienda propia, alto porcentaje de irregularidad habitacional, violencia vecinal y conflictividad delictiva. Es la región donde las políticas sociales están ausentes y el Estado sólo aparece con uniforme policial.

También figuran en el informe personas que comercializan drogas en la noche, en los boliches céntricos, y que la policía identificó como proveedores de quienes concurren a esos sitios.

Además hay sospechosos de ser quienes proveen a adolescentes que organizan fiestas en las casas de sus padres, no siempre atentos a lo que se consume en esos encuentros.

El Fiscal Marcelo Manso tiene una carpeta que contiene un informe con 50 domicilios donde la policía registró sospechas de venta de drogas, entregado en julio del año pasado. Muchos de esos lugares fueron allanados. Otros tantos, todavía no.

De la misma manera, la fiscala Viviana Ramos recibió un dossier similar, con la misma cantidad de domicilios, en abril pasado. Al igual que en los que fueron remitidos a su par de la UFI 5, algunos sitios fueron blanco de operativos y otros no.

Hay casos en los que las pruebas son contundentes. En otros, las sospechas están alimentadas por la observación policial que entiende que algo raro sucede allí. En cada uno, es tarea de los fiscales y sus auxiliares poner en movimiento la investigación.

Por lo general, los procedimientos chocan contra una burocracia que tiene pensados férreos mecanismos de control sobre lo que sucede, a los fines de evitar filtraciones, tentaciones y que se malogren las pruebas, echando por tierra el trabajo.

Pero la falta de recursos atenta contra la voluntad investigativa. Por ejemplo, cada vez que se secuestra un teléfono que podría contener datos acerca de proveedores “mayoristas” de quienes venden droga “al menudeo” hay que esperar tres, cuatro y hasta seis meses para abrirlos y diseccionarlos.

En ese lapso, cambiaron las rutas, los centros de distribución, las personas asignadas a tal o cual territorio, la modalidad de transporte y, por supuesto, los números de teléfono de contacto.

A ese escollo se suma una tendencia de los jueces que actúan en el Departamento Judicial de San Nicolás a extremar los recaudos en la protección de los derechos de los sospechosos, al punto de que terminan
favoreciéndolos.
Conseguir que los magistrados aprueben un allanamiento en un domicilio vinculado a la presunción de delito por comercialización de estupefacientes es una tarea titánica. Por lo general, un alto porcentaje de las solicitudes es rechazado con una solicitud de más elementos probatorios.
Llevar una causa de drogas a juicio también es tarea complicada. En los últimos años las detenciones fueron muchas y las condenas ejemplificadoras, pocas.  En los próximos meses habrá al menos dos procesos de debate que concitarán atención: el que tiene como imputados a Ulises Fernández y su expareja, la exconsejera escolar Silvina Sampol, y el que juzgará a una banda del Hermano Indio cuya cara visible era Stella Maris Salazar.

EDICION IMPRESA #1378
Miércoles 29 Agosto 2018

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